Dimes y diretes del nuevo sistema de justicia penal.
Durante la celebración de los 15 años de la Conferencia Nacional de Gobernadores (julio de 2017), diversos gobernadores manifestaron elocuentes opiniones sobre un sistema de justicia penal ineficiente por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia, al manifestar una preocupación entre un equilibrio de derechos y propusieron una nueva reforma para regresar al antiguo sistema de justicia penal.
Sin embargo, dichos argumentos resultan absurdos, pues para la operación del nuevo sistema de justicia penal se han realizado actividades coordinadas entre la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República), el Poder Judicial de la Federación y distintas instituciones de gobierno, también, se debe aclarar que dicha implementación no era exclusiva para la Judicatura, sino también para aquéllos funcionarios públicos que realizan funciones de procuración de justicia, lo anterior con base a los decretos de reforma emitidos por el Congreso de la Unión. En relación con lo anterior, es pertinente hacer una distinción entre procuración de justicia e impartir justicia, pues son actividades muy distintas pero a su vez muchas personas las confunden cotidianamente.
Acorde al jurista mexicano Jorge Carpizo la procuración de justicia es aquélla actividad de asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas mediante la persecución de delitos a través de las procuradurías (hoy llamadas fiscalías), esta actividad corre a cargo de los ministerios públicos (hoy llamados fiscales) y de la policía de investigación, mediante la integración de averiguaciones previas (en la actualidad llamadas carpetas de investigación), en ellas se puede restringir la libertad de las personas mediante el ejercicio de la acción penal, no obstante lo anterior se debe hacer mención que los ministerios públicos pertenecen al Poder Ejecutivo (véase en Carpizo Jorge. Diversos Aspectos Personales y Sociales en la Procuración de Justicia. Instituto de Investigaciones Jurídicas).
Por lo que hace a la impartición de justicia es aquélla función de resolver conflictos jurídicos a través de los juzgados y tribunales que son parte del Poder Judicial de la Federación (también de los Poderes Judiciales de cada Entidad Federativa) y se traduce en dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora bien, desde 2008 el Poder Judicial de la Federación adoptó este nuevo sistema de justicia penal y ha consolidado en la actualidad más de 37 Centros de Justicia Penal Federal en toda la República, y capacitado a más de 118 jueces de distrito especializados en el nuevo sistema de justicia penal y demás personal judicial para los referidos centros de justicia.
En ese orden de ideas, para ilustrar la eficiencia y eficacia de la labor judicial, es necesario tomar en cuenta los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante 2016, desprendiéndose los siguientes: en la anualidad antes mencionada ingresaron un aproximado de 35,128 causas penales y fueron resueltas 35,495 (estas cifras son acorde a la existencia inicial que tenían los órganos jurisdiccionales), se reportaron 22,431 personas que fueron procesadas en las causas penales ingresadas y fueron sentenciados 22,093 delincuentes. De lo anterior, se demuestra que el Poder Judicial de la Federación ha realizado una labor que parecía imposible, ya que en tan solo 9 años ha logrado insertar en la vida cotidiana una nueva justicia penal.
Sin embargo, los servidores públicos encargados de la procuración de justicia han demostrado lo contrario, pues anualmente hay más de 2.6 millones de personas que son víctimas de la delincuencia y más de 1 millón no denuncian estos actos ilícitos por la ineficiencia y desconfianza de la autoridad ministerial al no realizar correctamente sus funciones (integración errónea de la carpeta de investigación y/o resguardo y perfeccionamiento de las pruebas), quizá esto se deba a la falta de responsabilidad que han tenido algunos gobernadores al destinar recursos económicos para mejorar sus actividades y a la falta de capacitación que han tenido tanto los policías investigadores como los ministerios públicos (ahora fiscales), por ende, al no haber una carpeta de investigación debidamente integrada, el juzgador pondera que derechos deberán prevalecer, es decir, dejar libre al delincuente por tener la presunción de inocencia y por carecer de los medios de convicción para demostrar la culpabilidad (con base al principio pro reo) o violentarlos sin ningún razonamiento lógico emitiendo una condena privativa de libertad.
Por consecuencia, está demostrado con las cifras antes plasmadas que la impartición de justicia en el nuevo sistema de justicia penal es eficaz debido a la inversión que ha realizado el Consejo de la Judicatura Federal en formar y capacitar a sus jueces y sus operadores judiciales, de ahí que los argumentos emitidos por los gobernadores de Hidalgo, Durango, Querétaro, Nuevo León y CDMX acerca de su inconformismo ante el nuevo sistema de justicia penal son inverosímiles ya que no han capacitado correctamente a sus servidores públicos encargados de la procuración de justicia, han demostrado una deficiencia en la seguridad pública en cada uno de sus territorios que administran e inclusive no han emitido políticas públicas contundentes en materia de seguridad pública, combate a actos ilícitos y para reforzar la procuración de justicia, por ende, solo son ideas vagas para responsabilizar únicamente al Poder Judicial donde soslayan que ellos también tienen una responsabilidad colectiva para que el nuevo sistema de justicia penal funcione.
En efecto, en Nuevo León en este año las cifras en homicidios se aumentó a comparación con el 2014 que estaban en 272 y en la actualidad se registraron 349 homicidios durante la administración del gobernador en turno; en la CDMX no interesa la capacitación y formación de los ministerios públicos en virtud de estar más preocupados por iniciar la separación de basura en 4 distintos tipos de desechos y porque la nueva línea del Metrobus que atraviesa Reforma inicie sus funciones antes de la comicios presidenciales para el 2018; mientras tanto Querétaro dejó de ser una ciudad pacífica por aumentar los indices de robo y homicidios de estos ilícitos entre 2015 a 2017 y en Durango durante el primer bimestre de esta anualidad se registraron más de 5,367 denuncias por los delitos de homicidios, secuestros y delitos sexuales; por tanto, en vez de expresar sus argumentos sin sustento real es necesario que implementen un mejor sistema de seguridad pública, adiestrando a sus policías correctamente y capacitando en el nuevo sistema de justicia penal a sus fiscales para ofrecer y recopilar las pruebas fehacientes que se presenten ante el juez.
Además, sería absurdo implementar el antiguo sistema penal por ser un retroceso en la modernización del Estado de Derecho y no respetarse el deseo de una sociedad democrática que exigía una protección a sus derechos fundamentales, ya que esta exigencia es una de las tareas de los jueces respetar los derechos humanos de todos los involucrados en el proceso penal tanto los del imputado como los de la víctima.
Por cierto mucho éxito y felicidades a todos los abogados, porque ayer 12 de junio fue el día del abogado, recuerden que la actualización jurídica sea parte de su vida cotidiana para realizar un mejor desempeño en la búsqueda de la justicia.
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